La senadora y ex presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lassén, critica la gestión del sistema de salud penitenciario y su privatización, llamando a implementar un sistema universal de salud que incluya a la población carcelaria.
En una reciente conversación exclusiva que sostuvo la Revista Medicina y Salud Pública con la senadora Ana Irma Rivera Lassén, reconocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos y por su liderazgo como ex presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, denunció los graves problemas que enfrenta el sistema de salud en las cárceles del país.
"La privatización del servicio médico en las cárceles ha resultado en una atención deficiente y deshumanizada. Los reclusos siguen siendo personas con derechos, incluyendo el acceso a servicios de salud adecuados, y eso no está ocurriendo", afirmó, tomando como referencia los múltiples casos que han salido a la luz en los últimos años sobre muertes por sobredosis, falta de tratamiento médico y condiciones de salud no atendidas dentro de las instituciones penales.
Vea el programa completo aquí.
En su intervención, la senadora también hizo referencia a la investigación liderada por el senador independiente José "Chaco" Vargas Vidot sobre las condiciones de salud en las cárceles, incluyendo el polémico caso de Hermes Ávila, un recluso que logró su excarcelación bajo falsas pretensiones de una condición médica terminal.
"Es preocupante que haya sido necesario amenazar con desacato a los funcionarios para que se presentaran a las vistas públicas. Lo que ha revelado esta investigación es alarmante. No solo estamos hablando de un mal manejo del caso de Ávila, sino de un patrón de ineficiencia y corrupción que permea todo el sistema", aseveró.
Dicho esto, también criticó duramente a los médicos involucrados en el caso, quienes otorgaron diagnósticos erróneos sin haber evaluado adecuadamente al recluso. "Me dio vergüenza ajena. Lo que vi fue una repetición de diagnósticos sin fundamento. Los médicos no estaban evaluando a la persona, simplemente replicaban lo que otros habían dicho. Esto no es lo que se espera de los profesionales de la salud", señaló.
Uno de los puntos más críticos que destacó Rivera Lassén fue el fracaso del modelo privatizado de salud penitenciaria. Según la senadora, esta situación es un "Frankenstein legislativo" que ha permitido que las empresas privadas lucren a costa de la salud de los reclusos.
"Tenemos un Frankenstein legislativo que permite este tipo de abusos. Se privatizó el servicio de salud penitenciario sin establecer mecanismos de supervisión adecuados, y ahora estamos viendo las consecuencias: reclusos que mueren por falta de atención, enfermedades no tratadas, y un sistema que actúa como un almacén de seres humanos. Esto tiene que acabar", expresó con contundencia.
Además, señaló que las cárceles en Puerto Rico no están cumpliendo su función rehabilitadora, especialmente en el manejo de problemas de salud mental y adicciones.
"Las cárceles no están rehabilitando a la gente. Las adicciones no se tratan adecuadamente, las enfermedades no se curan, y en lugar de ayudar a estas personas, el sistema las abandona", afirmó.
Por otro lado, mencionó que muchos de los reclusos que padecen problemas de adicción o enfermedades mentales no deberían estar en prisión, sino en centros de tratamiento especializados.
"La cárcel no es el lugar para estas personas. Necesitan tratamiento médico, no reclusión. Si tratamos adecuadamente a los adictos y a las personas con problemas de salud mental, podríamos vaciar muchas de nuestras cárceles", añadió.
Del mismo modo, también mencionó el uso del diagnóstico de VIH como excusa para la excarcelación de reclusos, basándose en una ley que ya no refleja la realidad médica actual.
"En su momento, tener VIH era una sentencia de muerte, pero eso ya no es así. La ley que permitía excarcelar a las personas con esta condición sigue vigente, y ha sido explotada por personas como Hermes Ávila para obtener su libertad", sostuvo.
"Es urgente revisar esta ley y adaptarla a los avances médicos actuales. No podemos permitir que se siga utilizando de forma indebida para excarcelar a personas que no cumplen con los criterios".
Finalmente, Rivera Lassén hizo un llamado a establecer un sistema de salud universal en Puerto Rico que incluya a todas las personas, sin importar si están privadas de libertad.
"Necesitamos un sistema de salud universal, con un solo pagador, que garantice que nadie se quede fuera. Las personas que están en las cárceles siguen siendo seres humanos con derechos, y el acceso a la salud es uno de ellos".
Por tanto, recordó que el Senado aprobó una asignación de un millón de dólares para comenzar la evaluación de la implementación de un sistema de salud universal en la isla.
"Este es un primer paso, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un sistema donde el objetivo principal sea el bienestar de las personas, no las ganancias de las empresas privadas".
Aún así, la senadora reconoció que esta situación no se limita únicamente a las cárceles, sino que es un reflejo de los problemas estructurales del sistema de salud en Puerto Rico.
"Este no es solo un problema de las cárceles, es un problema de todo Puerto Rico. Necesitamos una visión preventiva y accesible de la salud que beneficie a todos, y eso incluye a los más vulnerables, como los reclusos", concluyó.
