La OMS advierte sobre el impacto global de la retirada de fondos y las nuevas restricciones del PEPFAR.
La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de suspender la financiación de los programas contra el VIH en países de ingresos bajos y medios ha generado una fuerte reacción de la comunidad médica y organismos internacionales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que esta medida podría hacer retroceder décadas de avances en la lucha contra la epidemia, llevando al mundo a una crisis sanitaria similar a la vivida en los años 80 y 90.
El pasado 20 de enero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una pausa inmediata de 90 días en toda la ayuda exterior estadounidense, incluyendo las actividades respaldadas por el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR).
La orden ejecutiva estableció que la suspensión tenía como objetivo evaluar la "eficacia programática y la coherencia con la política exterior de Estados Unidos", marcando una de las primeras decisiones de impacto global de la nueva administración republicana.
La medida generó gran preocupación en la comunidad médica internacional, ya que pone en riesgo la continuidad de tratamientos antirretrovirales esenciales para millones de personas.
Antonio Ramos, coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), advierte que la interrupción de estos programas podría provocar un aumento de casos sin diagnosticar y en condiciones de salud deterioradas, incrementando así el riesgo de transmisión.
"Cualquier persona sensata debe ver con preocupación el hecho de que los pacientes que no tienen recursos económicos suficientes no puedan tomar, en este caso, antirretrovirales", señala Ramos.
La falta de acceso a estos medicamentos derivaría en una caída de las defensas inmunológicas, un incremento de enfermedades oportunistas como la tuberculosis y la neumonía, y un aumento significativo en la mortalidad.
Ante las crecientes críticas y el temor a una crisis humanitaria, el 28 de enero de 2025 el Secretario de Estado de EE.UU. aprobó una "Exención humanitaria de emergencia", que permite a las personas seguir teniendo acceso a tratamientos contra el VIH financiados por el gobierno estadounidense.
Esta exención garantiza la continuidad de ciertos servicios esenciales, tales como:
*Atención y tratamiento del VIH, incluyendo pruebas, asesoramiento, y prevención de infecciones oportunistas.
*Prevención de la transmisión maternoinfantil, asegurando la provisión de pruebas, medicamentos y PrEP para mujeres embarazadas y lactantes.
*Costes administrativos básicos necesarios para mantener estos servicios.
Sin embargo, la exención no cubre otras actividades esenciales para la prevención y control del VIH, lo que podría afectar a programas de educación, promoción del uso de preservativos, investigación y apoyo a comunidades vulnerables.
El 1 de febrero de 2025, la Oficina de Seguridad Sanitaria Mundial y Diplomacia (GHSD) del Departamento de Estado emitió un memorando confirmando que, durante la pausa de 90 días, sólo debían continuar los servicios clínicos estrictamente necesarios, dejando en suspensión otros programas esenciales para la contención del VIH.
La OMS estima que la decisión de Estados Unidos afectará a más de 20 millones de personas que dependen de estos tratamientos, incluidos 566,000 niños menores de 15 años. Ramos advierte que los países más impactados volverían a la etapa "pre 95", cuando "los pacientes fallecían después de haber tenido una larga lista de infecciones oportunistas".
La gravedad de este retroceso es innegable. Según la OMS, "revirtiendo décadas de progreso y haciendo retroceder potencialmente al mundo a las décadas de 1980 y 1990, cuando millones de personas morían cada año a causa del VIH".
"No se puede estar de acuerdo ni se comparte la decisión tomada por Estados Unidos”, enfatiza Ramos, destacando la importancia de garantizar que todos los pacientes diagnosticados reciban tratamiento y mantengan una carga viral indetectable.
Para Ramos, esta suspensión de fondos responde tanto a intereses económicos como al estigma persistente que rodea al VIH, particularmente en poblaciones vulnerables.
"El coste económico es elevado, por lo que, tener un concepto capitalista de la sanidad supone una discriminación económica que la SEMI ve con preocupación", señala.
El especialista advierte que la falta de apoyo a programas de prevención puede tener efectos devastadores a largo plazo. Sin recursos suficientes para pruebas y diagnóstico temprano, se incrementa el riesgo de transmisión, afectando especialmente a comunidades con menos acceso a servicios de salud.
La OMS refuerza esta postura, señalando que la eliminación de estos programas "socava los esfuerzos para prevenir la transmisión en las comunidades y los países".
Actualmente, alrededor de 30 millones de personas en todo el mundo dependen de terapias contra el VIH proporcionadas por estos programas. La OMS insta al Gobierno de los Estados Unidos a reconsiderar su decisión y establecer exenciones adicionales que garanticen el acceso a tratamientos que salvan vidas.
"Tener un concepto capitalista de la sanidad supone una discriminación económica que la SEMI ve con preocupación", concluye Ramos, enfatizando la urgencia de revertir esta política antes de que sus efectos sean irreversibles en la lucha global contra el VIH.
