La Asociación de Psicólogos de Puerto Rico y el Frente Amplio Social rechazan el Proyecto 1007, que propone facultar a la Policía para hospitalizar involuntariamente a personas en aparente crisis psiquiátrica sin autorización judicial previa.
Una propuesta de enmiendas a la Ley 408 —el principal instrumento legal en Puerto Rico para el manejo de crisis de salud mental— ha encendido las alarmas entre profesionales de la psicología y el trabajo social en la isla.
El Proyecto 1007, impulsado por la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, plantea cambios sustanciales al procedimiento de hospitalización involuntaria que, según sus críticos, erosionan garantías civiles y tratan a los pacientes psiquiátricos como si fueran delincuentes.
La doctora Malvaliz Santana, lideresa de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico y del Frente Amplio Social, explicó las objeciones de su gremio en una entrevista concedida a la revista Medicina y Salud Pública.
Bajo el esquema actual de la Ley 408, cuando un familiar, un profesional de la salud o un agente del orden entiende que una persona se encuentra en crisis y requiere hospitalización, debe acudir ante un juez para que este autorice la admisión involuntaria. La persona queda entonces internada por un período inicial de 72 horas.
El mecanismo judicial funciona como un filtro que obliga a indagar las circunstancias reales detrás de cada caso. "Los jueces preguntan qué hay detrás; van a indagar un poco más", señaló la doctora Santana.
"Actualmente el policía, si entiende que su familiar se encuentra bajo una situación de crisis, puede acudir al juez para que autorice y mandatoriamente esa persona entre a un proceso de hospitalización involuntaria por un término de setenta y dos horas."
El Proyecto 1007 eliminaría ese paso judicial. En su lugar, la Policía de Puerto Rico quedaría facultada para trasladar directamente a la persona en crisis a nuevas salas de salud mental hospitalarias, sin que medie supervisión de un magistrado.
Para la doctora Santana, este cambio representa un riesgo doble: prescinde de un mecanismo que protege los derechos civiles del paciente y deposita en los agentes una responsabilidad para la que no están preparados. Advirtió además que la presencia de uniformados puede exacerbar —no calmar— a ciertas personas en crisis, como ocurriría con un adolescente con autismo: "La conducta se va a exacerbar y no lo va a calmar, va a empeorar."
"No le da voluntariedad, y aquí hay una violación de derechos civiles también. Trata todos los casos iguales. No hay detalles, no hay ese proceso de: ¿qué está pasando?, ¿cómo podemos ayudarle?, ¿qué va a pasar después de la hospitalización?"
La Asociación de Psicólogos señala que el proyecto emplea un lenguaje "considerablemente restrictivo y punitivo" que ignora los determinantes sociales de la salud. Violencia doméstica, maltrato de menores, pobreza extrema, desempleo y el alza en el costo de vida —factores que contribuyen directamente a las crisis psiquiátricas— no aparecen mencionados en el texto.
"Aquí no hablan de violencia. Ahora mismo tenemos una crisis de violencia en la isla, tenemos una crisis de maltrato de menores. La pobreza, nada de esto se menciona en el proyecto de ley."
El proyecto modifica el lenguaje sobre el pago de servicios, eliminando el texto que hoy obliga a los planes médicos a cubrir la hospitalización y sustituyéndolo por una fórmula que los faculta a evaluar si procede el pago.
"Es un juego de palabras", advirtió Santana, señalando además que representantes de los planes médicos habrían participado activamente en la redacción de las enmiendas. En el caso de los adolescentes, la obligación de pago para tratamiento residencial pasaría a quedar sujeta a la discreción de la aseguradora.
El proyecto propone ampliar el uso de la telesalud como vía principal para la atención psiquiátrica. La doctora Santana reconoce el potencial de la herramienta, pero advierte que su aplicación choca con apagones frecuentes, conectividad deficiente en municipios del interior —Lares, Yabucoa, San Germán— y una población envejeciente con escasa alfabetización digital.
"Si estamos en una crisis de electricidad en Puerto Rico... ¿qué va a hacer ese paciente que está en crisis en San Germán si no tiene conexión? ¿A quién va a llamar para que vaya allá?"
La Asociación señala que no existe una base de datos centralizada sobre cuántas personas son sometidas al proceso de la Ley 408 ni cuáles son sus diagnósticos. Tampoco habrían sido incluidas las narrativas de los propios pacientes, ni los terapistas ocupacionales.
La psicóloga también cuestionó si el proyecto busca subsanar las deficiencias documentadas en el informe de ACES de 2022 sobre el sistema de salud mental, sin que esto quede claro en el texto legislativo.
La Asociación de Psicólogos no descarta que la Ley 408 necesite actualizaciones, pero considera que el Proyecto 1007 en su forma actual representa un retroceso. El gremio pide ampliar la consulta a todos los sectores afectados e incorporar evidencia clínica, determinantes sociales y las voces de los pacientes antes de aprobar cualquier cambio.
"Puede parecer en teoría un proyecto que es necesario, pero cuando lo llevemos a la práctica entendemos que va a fracasar."
El proyecto se encuentra aún en discusión en la Cámara de Representantes. La controversia, sin embargo, ya ha movilizado a un amplio frente de organizaciones que exigen que la reforma a la Ley 408 ponga a los pacientes —y no a la logística policial ni a los intereses aseguradores— en el centro de la política pública de salud mental de Puerto Rico.
