A pesar de años de regulaciones impulsadas por Trump y Biden para obligar a hospitales y aseguradoras a publicar sus precios, la información disponible sigue siendo confusa, incompleta y casi inutilizable para los pacientes.
Cuando en 2019 el entonces presidente Donald Trump anunció su política de transparencia de precios hospitalarios, la promesa era tentadora: "Puedes ir en línea y comparar todos los hospitales, los médicos y los precios".
Para millones de estadounidenses que habían recibido facturas médicas con cargos misteriosos meses después de un tratamiento, la medida sonaba a justicia.
La regla entró en vigor en 2021 y exige a los hospitales publicar en línea sus tarifas negociadas con las aseguradoras. Desde entonces, Biden endureció los criterios de cumplimiento y Trump, en su segundo mandato, firmó en 2025 una nueva orden ejecutiva instando a multar con mayor severidad a quienes no publiquen sus precios.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) respondieron elevando las sanciones y exigiendo datos más detallados.
Pero cuatro años después del inicio de la política, el diagnóstico de los expertos es claro: los pacientes no usan estos datos. Y es poco probable que lo hagan.
El primer obstáculo fue lograr que los hospitales cumplieran. Un estudio de los primeros diez meses de la política encontró que solo alrededor de un tercio de los establecimientos se había ajustado a las regulaciones. Entre junio de 2022 y mayo de 2025, el gobierno federal notificó a 27 hospitales que serían multados por incumplimiento.
Cuando los datos sí se publican, el problema no desaparece: la información suele estar enterrada en hojas de cálculo que requieren un profundo conocimiento de los códigos de facturación médica para ser interpretadas.
La Asociación Americana de Hospitales reconoció ante la administración Trump que calcular estos costos implica "suposiciones detalladas sobre cómo aplicar términos contractuales complejos".
Aunque los datos estuvieran perfectamente organizados, comparar precios médicos es estructuralmente difícil. Dos partos atendidos por el mismo obstetra pueden terminar con facturas radicalmente distintas: uno puede requerir medicamentos para acelerar el trabajo de parto, el otro una cesárea de emergencia. No son productos intercambiables.
A eso se suma que el precio final para cada paciente depende del contrato específico entre el hospital y su aseguradora particular, una variable que cambia de persona a persona. Jamie Cleverley, presidente de Cleverley and Associates, lo resume sin ambages: los hospitales "no están siendo nefastos". La variación es consecuencia directa de la falta de estandarización en los contratos del sector.
Y el comportamiento de los propios pacientes refuerza la tendencia: un estudio de 2021 coescrito por el economista de salud de Yale Zack Cooper encontró que, en promedio, los pacientes que necesitan una resonancia magnética pasan por alto seis proveedores más económicos en el camino a su cita, simplemente porque siguen la recomendación de su médico.
Si los pacientes no aprovechan la transparencia de precios, alguien más sí lo hace: las grandes aseguradoras y los sistemas hospitalarios. Marcus Dorstel, ejecutivo de Turquoise Health —una startup que agrega y analiza datos de precios con inteligencia artificial—, calcula que en nueve de cada diez casos los clientes le dicen que los datos son "una parte vital de la negociación del contrato".
Eric Hoag, ejecutivo de Blue Cross Blue Shield de Minnesota, lo confirmó sin rodeos: la aseguradora usa los datos de transparencia para asegurarse de que los proveedores no reciban tarifas "sustancialmente diferentes" entre distintos planes, y para mantenerse competitiva frente a otras aseguradoras.
En paralelo, ha surgido toda una industria de startups que vende análisis de precios —con aprendizaje automático incluido— a hospitales y aseguradoras, quienes los usan como información de inteligencia en sus periódicas negociaciones contractuales, y a veces en litigios.
"Hasta ahora no hay evidencia de que los pacientes usen esta información", afirmó Zack Cooper. Y los efectos sobre los precios tampoco son los esperados: un estudio de 2024 sobre una iniciativa de transparencia en Nueva York halló apenas un aumento marginal en los cargos facturados, no una reducción.
La lección que emerge de cuatro años de política es incómoda para quienes creyeron que la transparencia, por sí sola, disciplinaría al mercado de salud. El problema no es solo de información: es estructural.
Mientras los contratos entre hospitales y aseguradoras sigan siendo opacos y heterogéneos, y mientras los pacientes confíen en sus médicos para decidir dónde atenderse, los datos publicados en una hoja de cálculo difícilmente cambiarán la ecuación.
"Hasta que nos alineemos como industria —advirtió Cleverley—, seguirá habiendo esta variación en términos de cómo la gente ve los datos y su utilidad".
