Puerto Rico registra 167 muertes violentas durante los primeros meses de 2026, incluyendo 117 homicidios y 38 suicidios. Para el psicólogo clínico y forense Dr. José Pons, estas cifras reflejan problemas estructurales que van más allá de la criminalidad e incluyen desigualdad social, violencia comunitaria, pobreza y un deterioro en la salud mental colectiva.
Las cifras de violencia en Puerto Rico continúan generando preocupación entre especialistas en salud mental y comportamiento humano. Durante una entrevista con la Revista Medicina y Salud Pública, el Dr. José Pons, psicólogo clínico, especialista en neuropsicología y psicología forense, analizó el impacto de los homicidios y suicidios registrados en la isla, señalando que estos eventos reflejan una problemática social compleja que requiere intervenciones sostenidas y estrategias de prevención a largo plazo.
Puerto Rico registró 167 muertes violentas entre enero y marzo de 2026, distribuidas en 117 homicidios, 38 suicidios y 12 fallecimientos clasificados en otras categorías.
Aunque las cifras han disminuido en comparación con décadas anteriores, Pons destacó que continúan siendo elevadas cuando se analizan mediante tasas por cada 100.000 habitantes, el indicador utilizado en salud pública para realizar comparaciones internacionales.
"Estar en Puerto Rico es casi tres veces más peligroso que estar en Estados Unidos" en términos de muertes violentas, explicó el psicólogo al comparar la tasa local de 14,6 por cada 100.000 habitantes con la tasa estadounidense de 5,9.
Asimismo, indicó que Puerto Rico presenta cifras superiores a las reportadas en países como Panamá y República Dominicana.
Para el especialista, el aumento de homicidios y suicidios no puede explicarse únicamente desde la salud mental individual, sino que responde a múltiples factores sociales y estructurales.
Entre los elementos que identificó se encuentran los mercados ilegales lucrativos, la disponibilidad de armas de fuego, la desigualdad social, la impunidad, la desorganización comunitaria y la falta de oportunidades para los jóvenes.
"Estamos en una sociedad que no está funcionando", afirmó Pons, al señalar que la combinación de estos factores genera condiciones similares a las observadas en contextos de conflicto social severo.
El experto añadió que la pobreza concentrada y la limitada movilidad social pueden favorecer la participación en economías ilegales y aumentar la exposición a la violencia.
Durante la entrevista, el psicólogo lamentó la falta de continuidad en programas dirigidos a prevenir la violencia, las adicciones y las conductas agresivas.
Como ejemplo, mencionó iniciativas desarrolladas en Puerto Rico durante las primeras décadas del siglo XXI que mostraron resultados positivos en comunidades y familias, pero que posteriormente dejaron de implementarse.
A juicio del especialista, la interrupción frecuente de estos proyectos impide evaluar su efectividad a largo plazo y limita las posibilidades de fortalecer estrategias preventivas basadas en evidencia.
"Cuando no hay continuidad en términos de programas de prevención, nunca sabemos si funcionan o no funcionan", sostuvo.
Pons explicó que la violencia observada en la sociedad suele estar relacionada con experiencias previas de agresión dentro del entorno familiar y comunitario.
El modelaje de conductas violentas, la exposición a violencia doméstica durante la infancia y la normalización de respuestas agresivas frente a los conflictos pueden influir en la manera en que las personas enfrentan situaciones difíciles durante la adultez.
"Si yo vengo de una familia agresiva, donde todo se arreglaba con un puño y una bofetada, entonces en la adultez, cuando confronto un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Pues del mismo modo", explicó.
Al referirse al caso de una mujer de 86 años presuntamente agredida por un cuidador en un hogar de cuidado prolongado en Las Piedras, el especialista señaló que se trata de un evento con múltiples factores involucrados.
Pons indicó que, según la información divulgada públicamente, el agresor podría presentar una perturbación mental severa compatible con un posible proceso psicótico. Sin embargo, aclaró que la psicosis no debe asociarse automáticamente con conductas violentas.
Además, cuestionó los procesos de evaluación y contratación del centro de cuidado, especialmente luego de que la institución hubiera enfrentado señalamientos previos relacionados con el trato a los residentes.
Para el experto, este tipo de incidentes refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, protección y prevención dirigidos a las poblaciones más vulnerables, así como abordar de manera integral los factores sociales y psicológicos que contribuyen a la violencia en la isla.
