El licenciado Manuel Quilichini, expresidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, afirmó que Anthony Fauci actuó dentro de sus derechos constitucionales al acogerse a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos y consideró que no existen fundamentos para imputarle responsabilidad penal por el manejo de la pandemia.
La decisión del exasesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, de invocar en más de un centenar de ocasiones la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos durante una audiencia en el Senado continúa generando debate. Para el licenciado Manuel Quilichini, expresidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, esa actuación fue una estrategia jurídica legítima frente a un proceso que, según su análisis, buscaba exponerlo a posibles acusaciones.
Quilichini explicó que la Quinta Enmienda protege a cualquier persona de declarar en su contra cuando existe la posibilidad de una futura acusación criminal.
Según expuso, el indulto preventivo concedido a Fauci antes del cambio de administración presidencial no lo protegía frente a posibles acciones derivadas de declaraciones realizadas posteriormente, por lo que acogerse a este derecho constitucional era, a su juicio, la alternativa más prudente.
El abogado sostuvo además que durante la audiencia se formularon preguntas que iban desde asuntos relacionados con la pandemia hasta interrogantes sin relevancia jurídica, con el objetivo de evidenciar que Fauci no respondería ninguna de ellas y, eventualmente, inducirlo a incurrir en contradicciones que pudieran utilizarse en una acusación por perjurio.
Desde la perspectiva legal, Quilichini aseguró que no identifica fundamentos para presentar cargos criminales contra Fauci por las recomendaciones emitidas durante la emergencia sanitaria.
A su juicio, medidas como los mandatos de vacunación, el uso obligatorio de mascarillas y las restricciones implementadas durante la pandemia respondieron al deber del Estado de proteger la salud pública en un escenario de incertidumbre científica.
Asimismo, recordó que controversias relacionadas con la vacunación obligatoria ya habían sido evaluadas previamente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que históricamente ha privilegiado el bienestar colectivo frente a los intereses individuales en situaciones de salud pública.
El expresidente del Colegio de Abogados señaló que, al inicio de la pandemia, no existían vacunas ni suficiente conocimiento científico sobre el virus, por lo que las autoridades tuvieron que tomar decisiones con la información disponible en ese momento.
En ese contexto, consideró que las restricciones impuestas fueron mecanismos extraordinarios para intentar reducir la transmisión del virus, las hospitalizaciones y las muertes, y opinó que, en términos generales, esas medidas resultaron efectivas.
Respecto a posibles reclamaciones judiciales por supuestos fallecimientos asociados a las vacunas contra la COVID-19, Quilichini indicó que cualquier acción legal requeriría demostrar un vínculo directo entre la inmunización y el daño alegado.
Añadió que, según la literatura científica que ha revisado, no conoce evidencia clínicamente probada que establezca una relación causal entre las vacunas y muertes, aunque reconoció que, como ocurre con cualquier medicamento, pueden presentarse reacciones adversas en algunos pacientes.
Además, recordó que las reclamaciones por daños están sujetas a términos prescriptivos y que el tiempo transcurrido desde la campaña de vacunación representa otro obstáculo para este tipo de procesos judiciales.
