Los CDC recomiendan realizar la prueba de ARN de hepatitis C a bebés expuestos entre los 2 y 6 meses. Si resulta detectable, requiere especialista pediátrico; el tratamiento curativo con antivirales se aprueba desde los 3 años.
El abordaje clínico de la transmisión perinatal del virus de la hepatitis C (VHC) ha experimentado una evolución determinante en las pautas epidemiológicas internacionales. Las recomendaciones vigentes emanadas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecen con precisión que todo recién nacido expuesto a una gestante con infección confirmada o probable por VHC debe someterse a una prueba de amplificación de ácidos nucleicos (NAT) para la detección del ARN viral entre los 2 y 6 meses de vida. Este protocolo sustituye el esquema histórico que postergaba la evaluación hasta los 18 meses mediante pruebas serológicas de anticuerpos, permitiendo una identificación precoz y reduciendo significativamente la pérdida de seguimiento en la población infantil.
Bajo este lineamiento, si el análisis de ARN resulta detectable, el infante debe ser canalizado inmediatamente a una consulta especializada con un infectólogo o hepatólogo pediátrico con experiencia en el manejo del VHC. En contraste, si el resultado del ARN resulta indetectable, el menor no requiere seguimiento analítico ni clínico adicional, salvo que surja una indicación médica específica. Para aquellos niños que no fueron evaluados durante la ventana inicial, la CDC indica realizar la prueba de ARN si el menor tiene entre 7 y 17 meses de edad; mientras que a partir de los 18 meses se recomienda iniciar con la prueba de anticuerpos anti-VHC con reflexión automática a NAT si resulta reactiva. Cabe destacar que la medición de anticuerpos está contraindicada antes de los 18 meses como prueba inicial, debido a la interferencia diagnóstica que genera la presencia de anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta.
La transmisión del VHC de la persona gestante al bebé ocurre durante la etapa prenatal o en el momento del parto. Con el propósito de mitigar los riesgos de transmisión vertical, la CDC insta al tamizaje universal de todas las embarazadas en cada gestación mediante pruebas de anticuerpos y, en caso de positividad, la confirmación con la prueba de ARN. A pesar de los avances farmacológicos en el ámbito de los antivirales de acción directa (DAA) —capaces de curar la infección de forma altamente eficaz—, en la actualidad no existe un tratamiento preventivo aprobado para su uso durante el embarazo, ni tampoco se han avalado estos fármacos para lactantes menores de tres años, si bien continúan en marcha diversos ensayos clínicos sobre terapia prenatal y profilaxis posparto.
Por esta razón, un recién nacido con ARN detectable no debe recibir tratamiento antiviral inmediato, sino entrar en un protocolo estricto de vigilancia clínica coordinado por la infectología pediátrica. El objetivo de este seguimiento especializado radica en monitorear la evolución de la función hepática, evaluar la viremia y preparar al paciente para la administración del tratamiento curativo una vez cumpla la edad mínima aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), fijada en los 3 años de edad.
A pesar de la claridad de las guías científicas, la respuesta del sistema sanitario enfrenta serios obstáculos en su ejecución práctica. Una investigación publicada en JAMA Network Open y divulgada en la literatura médica reveló que únicamente cerca del 40% de los infantes expuestos perinatalmente al VHC es sometido a las pruebas diagnósticas correspondientes, y menos del 30% de los niños elegibles llega a recibir el tratamiento antiviral oportuno. Esta disparidad evidencia que el principal desafío de salud pública no reside en la efectividad de las herramientas científicas, sino en las fallas de coordinación del sistema para garantizar el tamizaje y la vinculación efectiva con la atención especializada.
En Puerto Rico según los CDC, los hospitales, obstetras, pediatras y centros de atención primaria deben fortalecer las rutas de vinculación para evitar que los recién nacidos expuestos se pierdan en el trayecto asistencial. El protocolo médico en la isla requiere tamizar a toda paciente embarazada en cada gestación, identificar con precisión al recién nacido expuesto, ordenar la prueba de ARN viral entre los 2 y 6 meses de vida, derivar a tiempo al especialista pediátrico ante resultados detectables y documentar minuciosamente cada etapa en el expediente clínico, garantizando que el menor reciba un seguimiento continuo y el tratamiento curativo definitivo en la etapa preescolar.
