La organización urge a la Junta de Supervisión Fiscal a atender con carácter de urgencia la falta de fondos que amenaza servicios esenciales para miles de estudiantes con autismo y otras necesidades especiales en el sistema de educación pública.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) ha lanzado un llamado urgente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que intervenga ante la crítica situación presupuestaria que enfrenta el sistema educativo del país, afectando gravemente a miles de estudiantes con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo.
Durante los últimos años, el Departamento de Educación había recurrido a fondos federales de reconstrucción para cubrir los servicios estipulados bajo el concepto de Remedio Provisional. Sin embargo, la cancelación abrupta de esos fondos por parte del Gobierno Federal ha dejado un vacío presupuestario significativo, obligando al Gobierno Estatal a asumir la totalidad de los costos de servicios especializados.
Entre estos servicios se encuentran terapias del habla y lenguaje, terapia ocupacional, intervenciones psicológicas y apoyos académicos y conductuales individualizados, esenciales para el desarrollo integral de los menores con autismo.
A pesar de que la matrícula general de educación especial ha disminuido debido a la emigración provocada por desastres naturales, el número de diagnósticos de autismo ha aumentado de forma sostenida. En el año escolar 2012-2013, los estudiantes con autismo representaban el 2.64% de la matrícula de educación especial; para el ciclo 2024-2025, esa cifra se disparó al 13.75%.
La Red de Monitoreo de Autismo y Deficiencias en el Desarrollo en Puerto Rico (PR-ADDM) informó en abril de 2025 que durante el año 2022, 1 de cada 38 niños de 8 años (2.6%) fue diagnosticado con autismo, mientras que entre los niños de 4 años la prevalencia fue aún mayor: 1 de cada 21 (4.7%).
"La comunidad con autismo necesita servicios frecuentes y especializados, lo que representa un costo más alto que otros servicios educativos y terapéuticos. La JSF no puede ignorar esta realidad. Invertir en estos niños no solo es una obligación moral y legal, sino también una decisión estratégica para el futuro del país", expresó la Alianza en su comunicado oficial.
La AAPR exige que se priorice la redistribución de fondos de cara al cierre del presente año fiscal y en la planificación del ciclo 2025-2026, con el objetivo de garantizar continuidad y calidad en los servicios que estos estudiantes necesitan para alcanzar su máximo potencial.
Más información en: www.alianzaautismo.com
