Puerto Rico enfrenta el reto de conseguir una nueva extensión de los fondos federales de Medicaid, un programa del que dependen alrededor de 1.3 millones de personas en la Isla.
Medicaid ocupa un lugar central en el sistema sanitario puertorriqueño. A diferencia de los estados de Estados Unidos, Puerto Rico funciona bajo un modelo en el que existe un límite anual a los fondos federales que puede recibir el territorio.
Además, el porcentaje federal de asistencia médica (FMAP) está establecido por ley. El acuerdo vigente elevó temporalmente ese porcentaje al 76 % y extendió los recursos adicionales hasta el año fiscal 2027.
El escenario que preocupa a las autoridades se encuentra precisamente después de ese periodo. El informe multisectorial presentado por el Gobierno de Puerto Rico en octubre de 2026 advierte que, sin una acción del Congreso, el financiamiento federal podría disminuir en aproximadamente $3.36 mil millones anuales, mientras el FMAP regresaría al 55 % establecido en la legislación.
En ese contexto, el secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. Víctor Ramos, sostiene que la prioridad inmediata es mantener los recursos necesarios para que hospitales, médicos y otros proveedores puedan continuar atendiendo a los beneficiarios. "Es importante que por lo menos tengamos el pago de hospitales para poder atender a los niños y los adultos mayores", indicó Ramos.
La magnitud del desafío se entiende mejor al observar el alcance de Medicaid en la Isla. Según los datos más recientes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), 1.3 millones de personas estaban inscritas en Medicaid y CHIP en Puerto Rico en enero de 2026.
El programa cubre aproximadamente al 40 % de la población y sostiene servicios dirigidos a niños, adultos de bajos ingresos, personas con discapacidades y adultos mayores. Para el Gobierno, por tanto, el debate no se limita a una discusión presupuestaria. Una eventual reducción significativa de los recursos federales tendría implicaciones sobre la capacidad del sistema para mantener su actual nivel de cobertura y financiamiento a proveedores.
"Sabemos que el Congreso está acostumbrado a aprobar las cosas a última hora, pero mi llamado es de tranquilidad a los pacientes porque este año están disponibles los fondos y se va a seguir dando el servicio. Tenemos en cuenta que debemos trabajar bien duro para que se dé esa reautorización", reconoció el Dr. Ramos.
Aunque la posibilidad de una reducción de fondos federales plantea interrogantes sobre el futuro del programa, el secretario de Salud es categórico al describir la posición del Gobierno: no existe un plan alternativo basado en sustituir con fondos estatales la totalidad de los recursos federales que están en juego.
"No hay plan B, debido a que esto implica sacar mucho personal de la tarjeta, restringir severamente los beneficios lo que no se convierte en una posibilidad". La razón, según Ramos, está en el impacto que tendría trasladar el costo al presupuesto de Puerto Rico. El territorio tendría que utilizar recursos que actualmente están destinados a otras áreas esenciales del Gobierno.
El acuerdo actual garantiza el FMAP de 76 % hasta el 30 de septiembre de 2027, por lo que las autoridades puertorriqueñas buscan que el Congreso actúe antes de llegar a ese punto para evitar un nuevo escenario de incertidumbre financiera.
El Gobierno ha presentado ante el Congreso un informe multisectorial que plantea, entre otras alternativas, eliminar el límite federal de financiamiento establecido para Puerto Rico y aplicar una fórmula de FMAP similar a la utilizada en los estados. Según ese análisis, esa modificación podría elevar la participación federal de Puerto Rico a aproximadamente 83 %.
Mientras esas discusiones avanzan, la posición del Departamento de Salud es clara: mantener la cobertura actual, garantizar los pagos a los proveedores y conseguir una solución federal que permita evitar que Medicaid vuelva a enfrentar un precipicio financiero.
