Puerto Rico ocupa el segundo lugar mundial en muertes por sobredosis por millón de habitantes, mientras el sistema de tratamiento sigue siendo insuficiente y estigmatizante,
Desde el 5to Simposio de Salud Mental y Uso de Sustancias celebrado en Isla Verde, la doctora Carmen Albizu, pediatra, profesora e investigadora con vasta experiencia en docencia e investigación en temas de salud, conversó con la Revista Medicina y Salud Pública sobre el estado actual de los servicios de salud mental y uso de sustancias en Puerto Rico.
Su diagnóstico fue contundente: el país hereda las consecuencias de décadas de una política pública fallida que criminalizó lo que debió haberse tratado como un problema de salud.
La doctora Albizu situó el debate en su contexto histórico. Desde que el presidente Richard Nixon declaró la llamada guerra contra las drogas en 1971, Estados Unidos consolidó un modelo que criminalizó a las personas con uso problemático de sustancias, en lugar de tratarlas como pacientes.
"Nunca fue por las drogas. La presidencia de Nixon tenía dos grupos bien importantes en su contra: el movimiento en contra de la guerra de Vietnam y la lucha por derechos civiles de los afrodescendientes. Como no podíamos meter a la gente presa por ser negra ni por estar en contra de la guerra, teníamos que buscar una manera de demonizarlos, y fue a través de la droga."
Estas palabras, citadas por Albizu a partir de declaraciones del asesor de asuntos domésticos de Nixon en una entrevista publicada en 2016 por la revista Harper's, ilustran lo que la investigadora describe como el origen político —y no sanitario— de un modelo que persiste hasta hoy con consecuencias devastadoras.
En doce años tras la declaración de esa guerra, la población penal de Estados Unidos aumentó un 800%. Hoy, los varones afrodescendientes representan el 9% de la población estadounidense, pero constituyen el 36% de la población penitenciaria.
Uno de los datos más alarmantes que compartió la doctora Albizu fue la posición de Puerto Rico en el panorama internacional.
"Estados Unidos encabeza el planeta en número de muertes por sobredosis por millón de habitantes. Puerto Rico es el segundo."
La investigadora atribuye esta realidad a la escasez de tratamiento efectivo, basado en evidencia científica, y a la persistencia del estigma entre los propios profesionales de la salud.
"No tenemos tratamiento efectivo, no estigmatizado. Los médicos no quieren tratar. En Estados Unidos solamente hay capacidad para tratar a 18 de cada 100 personas que tienen uso problemático de opioide."
Uno de los señalamientos más contundentes de Albizu fue recordar que las sustancias más peligrosas para la salud pública no son las que están prohibidas, sino precisamente las que circulan libremente y con amparo legal.
"Las drogas que más matan, de hecho, el tabaco es la que más mata. En términos de las sustancias de uso recreativo, las más peligrosas si se mal utilizan son el alcohol y el tabaco. La nicotina es la sustancia más adictiva, mucho más que todas las demás."
La investigadora detalló los efectos documentados del tabaco y el alcohol sobre la salud materno-infantil:
"Cuando se abusa y hay dependencia del alcohol, se asocia con múltiples enfermedades crónicas y cánceres e incluso con síndrome de alcoholismo fetal. Con el tabaco, sabemos también que madres fumadoras son más propensas a tener el desprendimiento de la placenta, y si fuman alrededor de un recién nacido muerte súbita del infante.
A diferencia de la marihuana, señaló, el alcohol actúa directamente sobre el lóbulo frontal del cerebro, la región que regula el juicio y la toma de decisiones, lo que explica conductas de riesgo como conducir bajo sus efectos.
Albizu señaló que la mitad de los programas licenciados en Puerto Rico para atender el uso problemático de sustancias son residenciales de larga duración orientados a la abstinencia, un modelo que la comunidad científica ya no reconoce como estándar de cuidado.
"No hay un tratamiento que le sirva a todo el mundo por igual. Tú tienes que mirar la persona, sus condiciones sociales y si tiene o no tiene otras condiciones que ameritan también manejarse, y no se manejan en lugares de abstinencia donde lo que te dicen es que necesitas ser rehumanizado, castigándote cada vez que haces algo malo. Eso no es la confrontación. Se sabe que no funciona y que hace daño."
La investigadora propuso una comparación económica que resume la distorsión de prioridades: lo que cuesta mantener a una persona en una institución penal equivale a costear el tratamiento de ocho personas con buprenorfina en la comunidad, con citas cada dos semanas y medicamentos cubiertos.
Para ilustrar qué tipo de política pública sí funciona, Albizu recurrió al ejemplo del tabaco. Desde 1970 hasta hoy, el número de fumadores en Estados Unidos se ha reducido en un 67%, sin medidas de represión, sino a través de regulación, eliminación de publicidad, prohibición del consumo en espacios cerrados y educación sobre los riesgos.
"Eso no se ha logrado con medidas de represión. Se ha logrado con educación y reglamentación."
La doctora recordó además que el tabaco sigue siendo la sustancia que más muertes causa, y que la nicotina es clínicamente más adictiva que cualquier droga ilegalizada, un contraste que pone en evidencia la arbitrariedad del modelo prohibicionista.
Albizu fue enfática al señalar que el problema del uso problemático de sustancias no puede seguir abordarse únicamente desde la óptica policial o penal, y que el costo humano de la inacción sanitaria es inaceptable.
"Mi esposo y yo siempre hemos dicho: no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra la salud. Y no solamente la salud de quien utiliza la sustancia, sino la salud de la comunidad."
Para la investigadora, el camino pasa por desestigmatizar el tratamiento, ampliar el acceso a medicamentos basados en evidencia, atender las condiciones sociales que subyacen al uso problemático y abandonar definitivamente el enfoque punitivo que, más de medio siglo después de su origen, sigue sin resolver el problema que decía combatir.
