Los proyectos legislativos 1430 del Senado y 1401 de la Cámara plantean modificar la estructura administrativa de la institución, una iniciativa cuestionada por el endocrinólogo Carlos Leyva Jordán.
SAN JUAN, Puerto Rico. — La estructura administrativa del Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes de Puerto Rico podría cambiar si prosperan dos proyectos legislativos que proponen integrar la institución al Departamento de Salud. La iniciativa ha generado cuestionamientos del endocrinólogo Carlos Leyva Jordán, miembro de la Junta de Directores del centro, según declaraciones recogidas en el material difundido sobre el tema.
Las medidas, identificadas como el Proyecto del Senado 1430 y el Proyecto de la Cámara 1401, proponen derogar la Ley 166 de 2000 y establecer una nueva entidad denominada Centro Integral de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes Carlos Romero Barceló, adscrita al Departamento de Salud.
Actualmente, el centro funciona como una corporación pública creada para desarrollar actividades de investigación, educación y servicios médicos dirigidos a las personas con diabetes y sus familiares.
Los proyectos contemplan sustituir la estructura actual, dirigida por una Junta de Directores, por un modelo administrativo encabezado por un director ejecutivo nombrado por el secretario de Salud.
La reorganización también incluye la transferencia de bienes, fondos, personal, contratos y programas de la institución existente, así como la integración del Programa para la Prevención y el Control de la Diabetes del Departamento de Salud a la nueva entidad.
En materia laboral, las medidas incluyen disposiciones para transferir a los empleados de carrera y conservar sus derechos adquiridos.
Carlos Leyva Jordán ha expresado preocupación por la propuesta y por las dificultades que enfrenta la Junta de Directores para completar sus integrantes.
Según las declaraciones reproducidas en el material informativo, el endocrinólogo señaló que la junta debe contar con nueve miembros y que las vacantes han dificultado la toma de decisiones, debido a la necesidad de encontrar profesionales con experiencia especializada.
El debate plantea interrogantes sobre el modelo de gobernanza de la institución y las garantías que deberían establecerse para mantener la continuidad de sus servicios médicos, sus programas educativos y sus investigaciones.
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó ambos proyectos en el informe 2027-116, publicado en octubre de 2026.
La entidad concluyó que las medidas no tendrían un impacto fiscal adicional para el Gobierno, debido a que proponen reorganizar y consolidar estructuras, funciones y recursos existentes, sin establecer una asignación presupuestaria adicional.
Esta evaluación corresponde al efecto fiscal estimado de los proyectos y no constituye una valoración de sus posibles consecuencias clínicas, científicas o administrativas.
El Centro de Diabetes de Puerto Rico ofrece servicios de evaluación inicial, orientación nutricional y educación relacionada con el manejo de la enfermedad. Según la información publicada en su portal institucional, los servicios se prestan mediante cita previa.
La eventual reorganización abre una discusión sobre cómo se garantizarían la continuidad de la atención especializada, el funcionamiento de los programas educativos y el desarrollo de investigaciones relacionadas con la diabetes.
Estado legislativo: los registros consultados identifican el Proyecto del Senado 1430 y el Proyecto de la Cámara 1401 como iniciativas legislativas. No se ha confirmado su aprobación definitiva, por lo que el cambio administrativo debe presentarse como una propuesta.
La decisión final dependerá del trámite legislativo y del contenido de cualquier medida que llegue a convertirse en ley.
