La Casa Blanca admitió que la ley adelanta el proceso para darle fin a la emergencia nacional, que está previsto para el 11 de mayo.
Luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara una ley de origen republicano para poner fin a la emergencia declarada en el país por la COVID-19, tres destacados médicos puertorriqueños coincidieron en estimar que lo que se terminó fue el dinero, no la pandemia.
Al respecto, la Dra. Cruz María Nazario, epidemióloga y especialista del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el Dr. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos y el Dr. Miguel Colón, infectólogo, dieron su punto de vista a la Revista de Medicina y Salud Pública, coincidiendo que el fin del acceso a fondos federales alrededor de esta crisis, tendrá efectos negativos más allá de la infección del Coronavirus.
Ahora bien, la Dra. Nazario destacó que no puede establecerse por decreto gubernamental el fin de una emergencia relacionada con la pandemia, ya que en el mes anterior, se reportaron 3.3 millones de casos nuevos en el mundo. De la misma manera, la epidemióloga enfatizó que los 28 pasados días se registraron 600 mil casos de COVID-19 en Estados Unidos y 9 mil casos más en Puerto Rico.
¿Qué dice el gobierno norteamericano?
El presidente Biden firmó el pasado lunes la ley que pondrá fin a la emergencia, la cual fue radicada en el Senado por el Partido Repúblicano que controla la Cámara de Representantes. La pieza tuvo el apoyo de 11 demócratas que gobiernan la cámara alta.
En la misma línea, la Casa Blanca admitió que la ley adelanta el proceso para darle fin a la emergencia nacional, que está previsto para el 11 de mayo. Funcionarios ejecutivos afirmaron que esto no pone en riesgo la realización de una transición ordenada, además, dan la seguridad de que los recursos seguirán disponibles para atender las situaciones que surjan mientras llega la fecha.
El panorama en Puerto Rico
No obstante, en la Isla, coinciden los tres especialistas que esta ley tendrá consecuencias rotundamente negativas, más allá de los fondos disponibles para combatir la COVID-19
Por ello, la Dra. Nazario aseguró que la medida dejará fuera a 21 mil pacientes que lograron beneficiarse del Plan Vital, ya que calificaron de manera automática tras la declaración de la emergencia. Asimismo, los pacientes que no estaban cubiertos por el plan, que no calificaban por sus ingresos, recibieron servicios médicos amplios por tres años.
Por consiguiente, el impacto se notará en los municipios más pobres de la isla, donde la cantidad de personas dependientes del plan del gobierno es avasalladora, destacó la epidemióloga, resaltando que en municipios como Adjuntas el 45 % de la población tiene el Plan Vital.
Por estas razones, el gobierno estatal de Puerto Rico deberá pagar por los servicios de estos pacientes, opinó el Dr. Carlos Diaz. De igual modo, afirmó que la pandemia no ha terminado y expresó que el virus "se quedará permanentemente con nosotros".
"El gobierno de Puerto Rico no tendrá más remedio que absorber los costos de atender a estos pacientes", dijo el presidente del Colegio de Médicos.
De la misma manera, los tres profesionales de la salud insistieron que, a nivel personal, las personas deben seguir usando mascarillas, además, asumir otras medidas higiénicas donde sea necesario.
Por su parte, el Dr. Colón coincidió plenamente con el análisis de su colega y expresó que por razones políticas el presidente Biden accedió a adelantar el fin de la emergencia.
"A mi me gustaría pensar que las razones son científicas, pero lo dudo", dijo Diaz.
Cambios en el sistema de salud
El Dr. Colón en tanto advirtió que, de ahora en adelante, las vacunas contra el COVID-19, que hasta las últimas semanas fueron gratuitas, costarán cientos de dólares para que puedan administrarse, agregando que algunos planes médicos no querrán cubrir estos servicios. "Será una batalla la que habrá que dar", aseveró Colón, indicando que las próximas vacunas protegerán contra COVID e influenza conjuntamente.
"La COVID se ha comprobado que es cien veces más mortal que la influenza que de por sí ya está entre las infecciones más peligrosas", dijo el infectólogo.
Por otro lado, el experto reconoció que los medicamentos contra la COVID-19 se volverán incosteables, estimando que la dosis adecuada del fármaco Remdesivir que es utilizado para atacar la infección puede llegar a costar entre mil y tres mil dólares.
Con este panorama es claro que Puerto Rico tiene que tomar iniciativas, para no seguir dependiendo en materia de salud de decisiones políticas y administrativas sobre las que no se tiene control alguno.
Ciertamente, se controló la emergencia de COVID-19 porque hubo recursos externos. Aún así, eso no resta que la crisis le costó a la isla más de cinco mil muertos, un aumento en los casos de maltrato conyugal y en contra de los niños, a su vez, cierre de empresas, pérdida de empleo y atraso en el desarrollo económico.
Sin embargo, ahora la realidad es otra, ya no hay los recursos económicos que hubo hasta la semana pasada. Por ello, el gobierno debe actuar rápido, para organizar cómo va a enfrentar la crisis de salud que impactará a decenas de miles de puertorriqueños, de ahora en adelante, que se agravará con la escasez de médicos y otros profesionales de la salud.
