Los CDC alertan que el cierre de farmacias comunitarias crea desiertos de acceso que empeoran enfermedades crónicas e interrumpen tratamientos de opioides. En Puerto Rico, urge cuantificar este impacto para proteger a pacientes vulnerables.
El cierre progresivo de las farmacias comunitarias representa una amenaza crítica para la salud pública que trasciende el ámbito puramente comercial o mercantil. Cuando una farmacia de comunidad clausura sus puertas, se generan barreras estructurales inmediatas para la adquisición de medicamentos esenciales, la administración de vacunas, la consejería farmacéutica personalizada y la atención preventiva de primera línea. La evidencia científica federal más reciente, publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en la revista Preventing Chronic Disease, evidencia la magnitud de este fenómeno al mapear el acceso a farmacias en el estado de Minnesota. El estudio reveló que entre 2009 y 2024 se perdió el 13 % de las farmacias comunitarias del estado, provocando que 24 zonas censales con más de 77 000 residentes mitigaran hacia un estatus de bajo acceso tras los cierres y que actualmente no se ha podido solucionar.
En total, el reporte de los CDC identificó 147 zonas censales con bajo acceso y 207 con acceso limitado, impactando a 1 130 177 personas, lo que equivale al 19.9 % de la población estatal. La investigación define los "desiertos de farmacias" como aquellas demarcaciones donde los ciudadanos enfrentan serias dificultades de llegada debido a barreras geográficas, de distancia o factores socioeconómicos. Por su parte, las zonas de "acceso limitado" son aquellas que sobreviven con un único establecimiento farmacéutico dentro de su umbral territorial; de producirse el cierre de dicho local, la comunidad pasa de inmediato a considerarse una zona de bajo acceso, exacerbando la vulnerabilidad de sus habitantes.
La desaparición de estos centros de atención primaria impacta directamente el automanejo y la adherencia terapéutica de los pacientes con condiciones metabólicas y cardiovasculares. Los CDC advierten que la falta de proximidad a servicios farmacéuticos incrementa las tasas de retraso o interrupción en el consumo de fármacos prescritos, un factor que desencadena la descompensación de patologías crónicas, el aumento de hospitalizaciones evitables y el deterioro general de la calidad de vida. Este escenario cobra particular relevancia en contextos como el de Puerto Rico, donde prevalecen altas tasas de diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, y donde el cierre de un establecimiento obliga al paciente a desplazarse distancias mayores, enfrentar prolongados tiempos de espera o, en el peor de los casos, abandonar el tratamiento.
El impacto del acceso farmacéutico se extiende de forma crítica al campo de la salud mental y los trastornos por uso de sustancias. Un estudio complementario publicado por los CDC analizó la disponibilidad de buprenorfina, un medicamento clave en la terapia de reemplazo para el trastorno por uso de opioides. Aunque la disponibilidad de este fármaco en farmacias de condados urbanos aumentó del 64.8 % en 2019 al 72.4 % en 2025, la dispensación efectiva decayó tanto en áreas rurales como urbanas durante el periodo de 2021 a 2025. Debido a que las poblaciones rurales dependen en mayor medida de la farmacia comunitaria para recibir buprenorfina, la reducción de establecimientos o de inventario en estas zonas compromete de forma desproporcionada la continuidad de la atención. Para mitigar esta brecha, los CDC recomiendan expandir las recetas de bajo umbral, garantizar el abastecimiento en farmacias y sostener las flexibilidades de la telesalud.
A nivel global y de la literatura médica, publicaciones como Medscape han puesto de relieve que los cierres masivos amenazan el modelo de atención descentralizado y basado en la comunidad. La National Pharmacy Association ha alertado que las interrupciones del servicio afectan primordialmente a comunidades desfavorecidas y sectores rurales aislados, en medio de severas presiones financieras, reducción de márgenes de reembolso y ajustes fiscales que colocan a un porcentaje considerable de farmacias independientes en riesgo de cierre permanente.
Aunque en Puerto Rico investigaciones del Puerto Rico Health Sciences Journal han documentado el nivel de estrés y burnout en la fuerza laboral farmacéutica, se requiere una cuantificación precisa para evaluar la distribución geográfica y el estado operativo de la red local. Resulta indispensable que el Departamento de Salud, la Junta de Farmacia de Puerto Rico y las entidades del sector recopilen datos sistemáticos sobre la apertura y cierre de locales por municipio, la disponibilidad de farmacias en zonas de difícil acceso y la cobertura de servicios esenciales como la entrega de naloxona, inmunizaciones y tratamientos asistidos para la adicción en poblaciones vulnerables.
