Cumplidos 18 años de la Ley 18 de 2008, Puerto Rico sigue sin un sistema de reporte de filtración glomerular, impidiendo vigilar y detectar a tiempo la enfermedad renal crónica que afecta a 115,295 personas.
A pesar de que la enfermedad renal crónica (ERC) afecta a aproximadamente 115,295 personas en Puerto Rico —lo que representa un 4.3 % de la población total—, la isla continúa operando sin el mecanismo de monitoreo epidemiológico dispuesto por el Estado para frenar su avance. A casi dos décadas de haberse promulgado la Ley 18 de 2008, el mandato legal que ordenaba el reporte obligatorio y mensual de los resultados de la tasa de filtración glomerular (GFR, por sus siglas en inglés) nunca llegó a implementarse.
Esta omisión en la red de salud pública priva al Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR) y al Consejo Renal de Puerto Rico de estadísticas poblacionales fidedignas para identificar a pacientes en etapas subclínicas o asintomáticas, momento en que las intervenciones terapéuticas evitan el progreso hacia la insuficiencia renal terminal y la terapia de reemplazo renal (diálisis o trasplante).
La Ley 18 de 2008 establecía de forma explícita que todos los laboratorios clínicos de Puerto Rico debían remitir mensualmente al DSPR y al Consejo Renal los valores de GFR procesados, utilizando para ello un formulario estandarizado diseñado por la agencia.
Relevancia clínica de la GFR: La tasa de filtración glomerular estimada es el parámetro fisiológico fundamental para evaluar la función renal y estadificar el daño parenquimatoso.
Diagnóstico precoz: Su medición a través de los niveles de creatinina sérica —complementada con la detección de albúmina en orina— permite identificar reducciones en la función de filtración de los riñones antes de que se manifiesten síntomas clínicos manifiestos.
Poblaciones de alto riesgo: La evaluación periódica es vital en pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, edad avanzada o antecedentes familiares de nefropatía.
La Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico confirmó la inexistencia de una plataforma o protocolo estructurado para la transmisión de estos datos epidemiológicos. Por ende, durante más de 17 años —aproximándose al umbral de las dos décadas desde la aprobación del estatuto— las autoridades sanitarias no han dispuesto de un registro centralizado sobre la función renal en la población puertorriqueña.
Frente a este rezago, Ruby Serrano Rodríguez, directora de la División de Epidemiología e Investigación del DSPR, confirmó que la agencia evalúa alternativas tecnológicas para operacionalizar la legislación de forma automatizada. Entre las vías analizadas destaca la extracción de datos desde sistemas electrónicos de información clínica que ya procesan resultados de laboratorio, como la plataforma de intercambio de información de salud (Health Information Exchange, HIE) y otros componentes de la red de vigilancia epidemiológica de la isla.
Investigaciones publicadas en el Puerto Rico Health Sciences Journal ratifican que la diabetes mellitus es la principal causa subyacente de enfermedad renal crónica y el factor determinante más frecuente para el ingreso de pacientes a unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal en Puerto Rico. Dado que la ERC suele evolucionar de forma "silenciosa", la falta de tamizaje activo propicia diagnósticos tardíos en fases avanzadas, cuando el riesgo cardiorrenal y la mortalidad se incrementan exponencialmente.
En respuesta al desafío que plantean las condiciones crónicas no transmisibles, el Departamento de Salud lanzó en noviembre de 2025 el Plan de Acción de Enfermedades Crónicas 2026–2030, orientado a articular esfuerzos de prevención primaria, manejo integral e incentivación de estilos de vida saludables.
Alineado con las guías clínicas estadounidenses, la puesta en marcha definitiva del reporte sistemático de GFR proporcionará la infraestructura de datos necesaria para cuantificar la carga real de la nefropatía en Puerto Rico, dirigir recursos asistenciales a las poblaciones más vulnerables y evaluar objetivamente la efectividad de los programas de prevención primaria en la isla.
