Tres estados de EE. UU. —California, Illinois y Minnesota— han anunciado restricciones significativas en el acceso a Medicaid para inmigrantes indocumentados, en un giro que preocupa a defensores de la salud pública y comunidades vulnerables.
Las decisiones, motivadas por déficits presupuestarios, marcan un retroceso en políticas estatales que previamente buscaban garantizar cobertura médica universal sin importar el estatus migratorio.
En California, el gobernador Gavin Newsom ha suspendido la expansión del programa Medi-Cal para personas indocumentadas de entre 26 y 49 años, tras una inversión inicial que proyectaba cubrir cerca de 700,000 residentes. El estado enfrenta un déficit presupuestario superior a los $45,000 millones.
De manera similar, Illinois pausó nuevas inscripciones y aplicó un tope de 16,500 beneficiarios al programa de salud para adultos mayores indocumentados, aludiendo a un sobrecosto estatal de más de $831 millones. En Minnesota, se aplazó hasta 2027 la implementación del Medicaid para inmigrantes sin estatus legal, citando limitaciones financieras.
Organizaciones pro derechos humanos y expertos en salud pública alertan sobre las consecuencias de esta política: aumento en las brechas de atención médica, hospitalizaciones evitables y desigualdad en salud. Según cifras oficiales, más de 580,000 inmigrantes sin papeles viven en California, y cerca del 40% no tiene ningún tipo de seguro médico.
Estas decisiones se dan en un contexto de presión fiscal estatal, pero también abren el debate sobre el impacto ético, económico y sanitario de negar atención médica a segmentos significativos de la población, particularmente tras la pandemia de COVID-19 que evidenció la interdependencia sanitaria de todas las comunidades.
