Un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia sostiene que el denominado "mandato de integración" no constituye una obligación legal, una postura que expertos consideran contraria a décadas de legislación y precedentes judiciales que promueven que las personas con discapacidad reciban atención en sus comunidades y no en instituciones.
La administración del presidente Donald Trump publicó un memorando que busca replantear la interpretación de leyes y decisiones judiciales históricas sobre los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. El documento, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica (Office of Legal Counsel) del Departamento de Justicia (DOJ), argumenta que el llamado "mandato de integración" no es realmente un mandato, especialmente para personas con enfermedades mentales graves o discapacidades severas.
Según expertos legales, aunque el memorando no modifica las leyes vigentes ni los precedentes judiciales existentes, sí representa una señal pública sobre la postura de la administración respecto al derecho de las personas con discapacidad a recibir atención en entornos comunitarios en lugar de instituciones como hogares de ancianos.
Jennifer Mathis, subdirectora del Bazelon Center for Mental Health Law y exsubdirectora asistente del Departamento de Justicia, calificó el documento como "potencialmente devastador para los derechos de las personas con discapacidad".
El memorando no altera la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) ni la decisión de la Corte Suprema en el caso Olmstead v. L.C. de 1999, tres pilares legales que han respaldado el principio de integración durante décadas.
Sin embargo, especialistas consideran que el documento podría anticipar un cambio en la forma en que el gobierno federal aplica y defiende estos derechos. Jennifer Lav, directora del Área de Práctica de Discapacidad del National Health Law Program, afirmó que el memorando representa un "ataque frontal" a principios fundamentales del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad.
La publicación del memorando ocurre un año después de que la administración republicana redujera significativamente las asignaciones estatales de Medicaid, una de las principales fuentes de financiamiento para los servicios de atención domiciliaria y comunitaria.
De acuerdo con el reporte, algunos estados ya han comenzado a responder con recortes propios. Ohio y Maryland han propuesto reducciones salariales para cuidadores de personas con discapacidad, mientras que Idaho llegó a considerar la eliminación de toda la atención comunitaria.
Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad destacan que la posibilidad de vivir en la comunidad ha sido una reivindicación histórica. La integración fue incorporada por primera vez a la legislación estadounidense mediante la Ley de Rehabilitación de 1973 y posteriormente reforzada por la ADA y la decisión Olmstead.
El propio documento reconoce que su interpretación difiere de la comprensión predominante de la decisión Olmstead dentro de los tribunales federales. Además, admite que el gobierno federal ha mantenido durante años una posición favorable a la integración y que la atención comunitaria suele ser menos costosa que la atención institucional.
Samuel Bagenstos, profesor de Derecho de la Universidad de Michigan y exasesor jurídico del Departamento de Salud y Servicios Humanos, explicó que los memorandos de la Oficina de Asesoría Jurídica no tienen fuerza de ley. No obstante, sí orientan la manera en que el poder ejecutivo interpreta y aplica las normas.
El memorando fue redactado por Lanora Pettit, principal subasistente del fiscal general en la Oficina de Asesoría Jurídica, quien asumió el cargo en 2025 tras trabajar durante varios años en la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Expertos consideran que el efecto más inmediato podría ser una menor participación del gobierno federal en la defensa de las denominadas reclamaciones Olmstead, utilizadas para ayudar a que personas institucionalizadas puedan regresar a vivir en sus comunidades.
Alison Barkoff, abogada especializada en derechos de las personas con discapacidad y exdirectora de la Administration for Community Living, expresó preocupación ante la posibilidad de que el gobierno federal reduzca la aplicación de las protecciones derivadas de Olmstead, en un momento en que varios estados enfrentan importantes recortes en Medicaid y en los servicios comunitarios.
Algunos defensores también creen que el memorando podría estar relacionado con los esfuerzos de la administración para abordar el aumento de las tasas de personas sin hogar. Según el reporte, el documento parece sugerir que el incremento de la falta de vivienda crónica durante la última década está vinculado a la desinstitucionalización, aunque la estadística citada no identifica esa causa.
La publicación del memorando coincidió con el aniversario número 27 de la decisión Olmstead, considerada una de las resoluciones más importantes para los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos.
Barkoff señaló que esa decisión permitió que su hermano Evan, diagnosticado con síndrome de Down, pudiera desarrollar una vida independiente gracias a un programa de atención domiciliaria y comunitaria financiado por Medicaid.
Según la experta, programas como las exenciones de Medicaid para servicios de atención domiciliaria y comunitaria son precisamente los que están en juego ante una eventual reducción del compromiso federal con la aplicación de Olmstead.
